Este esquema de la transición tiene pues un contenido positivo, constituido de las distintas etapas institucionales destinadas a establecer una economía de mercado y un régimen representativo. Se habla de transición hacia la economía de mercado, hacia el Estado de Derecho y hacia la democracia. La articulación apretada de estas tres perspectivas forma el refuerzo del concepto de transición democrático, algunos autores hablando así de "transición paquete de medidas" para designar el modelo teórico de la transición.
Así es importante analizar, en primer lugar, el paso a la democracia a través del estudio la reforma propia, de las primeras elecciones libres, del enganche del proceso constitutivo y las amenazas que pudieron pesar sobre la nueva democracia naciente. Luego seguiremos el análisis de la transición democrática española observando las transformaciones ocurridas en el centro del modelo político y su sistema de partidos político.
I UNA DEMOCRACIA DEBIL: LA TRANSICIÓN
A: LA REFORMA POLÍTICA
El dictador se murió en su cama. ¿Su sucesor será un rey "mamarracho"? En la época, Santiago Carrillo lo dijo. Sin esperar a Juan Carlos se vuelve a Cortes y les habla la lengua de su padre: se propone son "el rey de todos los Españoles" algunos días después de él prorroga a Arias Navarro a la cabeza del Gobierno: ¿¿la continuidad triunfaría sobre el cambio? No totalmente: Arias se flanquea de tres Vicepresidentes que representan el sector evolucionista, entre los cuales Manuel Fraga. Descartado del poder desde el Gobierno monoco, éste precisa sus intenciones. Pero Arias permanece muy en retirada: para, el Movimiento nacional le permanece a la base "de la nueva etapa histórica" en la cual el rey exhortó a su pueblo a comprometerse. Es decir, los ultra torpedean el proyecto de una apertura prudente, limitada en primer lugar a la oposición no comunista. La experiencia no supera 6 meses. Mientras tanto la situación social se deterioró: se imputa a los trabajadores matados durante huelgas muy duras, los de Vitoria, en particular, en Fraga, Ministro de Interior. Junta y Convergencia se unen en una Coordinación democrática: ésta exige la apertura de un proceso que constituye, lo que supone la formación de un Gobierno provisional. Juan Carlos sustituye entonces a Arias por Adolfo Suarez (julio de 1976): es un hombre también de aparato pero, de la misma generación que el rey, él se señala menos políticamente que su antecesor. Hasta su dimisión inexplicada en enero de 1981, Suárez será el piloto de la transición.
En Washington donde acaba de volverse, Juan Carlos garantizó que la democracia se realizará al mismo tiempo que la paz social y la estabilidad política. Suárez tiene la apuesta. Pone el cabo sobre "la reforma política". la ley de noviembre de 1976 crea las condiciones. Inmediatamente, se refiere explícitamente a la soberanía popular. Instituye un Parlamento bicameral, elegido esencialmente por sufragio universal, que comparte con el Gobierno la iniciativa de la reforma constitucional. La ley fija también las grandes líneas del método de escrutinio. Ratificada por los Cortes franquistas en dos días, se aprueba en masa al referéndum del 15 de diciembre de 1976; el tipo de participación (77,7%) es elevado, habida cuenta de las llamadas a la abstención activa de la oposición antifranquista. Es a ésta en adelante adaptar su estrategia: una comisión representativa de todas las tendencias emprende de negociar con el Gobierno las garantías de elecciones libres. El único punto sobre el cual Suárez no compromete es la legitimidad de la monarquía. Pero de febrero a junio de 1977, acelera el proceso contratado: la legalización de los partidos políticos, derecho de huelga, libertad sindical, disolución de las estructuras del Movimiento nacional. Con el apoyo del rey, hace frente al ejército y a los ultra reconociendo el PCE: a largo plazo, lo pagará, pero sobre el momento esta decisión es prenda de paz civil. El 15 de junio de 1977: las primeras elecciones libres simplifican y clarifican la situación política. El electorado se moviliza: cuatro españoles sobre cinco se vuelven a las urnas. La proporcional corregida elimina del Parlamento las fuerzas marginales como la extrema derecha, y más sorprendente, la democracia-cristiano: con la revocación post conciliar de la Iglesia española, los comportamientos políticos se laicizaron. La parte fundamental reside en la victoria relativa de la Unión del centro democrático, coaliciones de liberales, de democristianos, de socialdemócratas constituida in extremas por Suárez: recoge un 34,6% de los sufragios. Con 29,2% el PSOE se impone como posible alternativa. El PCE, y su objetivo privilegiado durante la campaña electoral, la Alianza popular de Fraga, hacen resultados modestos. La mayoría de los diarios parisienses destacan que "España votó en el centro". El sentido del escrutinio es menos simple. Seis de los once partidos representados al Parlamento son formaciones regionales. Estudios posteriores ponen de manifiesto que el electorado del UCD es viejo, femenino, poco politizado, mientras que el electorado socialista es más joven, más urbano. UCD y PSOE aparecen así como dos fuerzas complementarias dedicadas por entenderse, sobre todo teniendo en cuenta que Suárez careció de poco mayoría absoluta de las sedes: ahora bien ésta es indispensable para llevar a cabo la reforma constitucional. De allí nace el consenso, esta manera inédita que tendrá el Gobierno central minoritario de asociar las oposiciones parlamentarias a la gestión del Estado puesto que las decisiones principales se tomarán, no en el recinto del Parlamento, pero durante los encuentros informales.
Los acuerdos del Moncloa, de octubre de 1977, fueron la primera y la más brillante manifestación del consenso. Como en1931, la apertura democrática se encuentra amenazada por el deterioro de la situación económica. Todas las señales están al rojo, en particular, la inflación que sube al 40% inmediatamente después de las elecciones. La idea se impone que solamente la división de los sacrificios permitirá crear un clima propicio a la consolidación del nuevo orden democrático. Asistidos por expertos a la autoridad indiscutida, cuyo Vicepresidente a la economía Enrique Fuentes Quintana, los cuatro grandes partidos, UCD, PSOE, PCE, AP, se ponen de acuerdo en cuanto a saneamiento económico y financiero que completa el compromiso del Gobierno de proceder a importantes reformas de estructura. Suárez satisface también la exigencia de una amplia amnistía. A partir de su llegada al poder, había renunciado al derecho de presentación de los obispos. Se reúnen así todas las condiciones para que la construcción del marco jurídico de la democracia se haga en un espíritu de concordia.
El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratifica los frutos "de la ruptura negociada" aprobando por una amplia mayoría, la Constitución que funde la nueva democracia española. No obstante, el veredicto del referéndum no es libre de temas de preocupación para los responsables políticos, puesto que en cerca de un tercio de los electores permaneció en sí. Delicada a interpretar a nivel nacional, la abstención es política claramente en País Vasco donde alcanza un 56% en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, y hay el elevado porcentaje de no. De hecho el PNV se descartó doblemente del consenso: no se asoció a la elaboración del texto constitucional, se vio rechazar por el UCD el reconocimiento de los "derechos históricos" de las provincias vascas en los cuales se base la pretensión del derecho a la autodeterminación. Esta cuestión resurge periódicamente en el debate político, recordando, si él siendo necesidad, que la fórmula elegida para la organización de las relaciones entre el Estado español y sus componentes, "nacionalidades y regiones" es decir, el derecho a autonomía, fue el resultado de un compromiso, más cerca seguramente del modelo federalista que del modelo uniforme del liberalismo español.
El proceso constitutivo se desarrolló en dos planes simultáneos. Mientras que juristas, diputados y senadores trabajan sobre textos, Suárez pasa a los actos. La muy amplia movilización popular en Cataluña el obligado a conceder el restablecimiento de la Generalidad (septiembre de 1977) a Taradellas, que personificaba la legitimidad desde más de veinte años. A principios de 1978 el País Vasco se ve a su vez dotado con un régimen preautónoma. La generalización, durante los meses siguientes, preautónoma a las otras regiones tiene manifiestamente por objeto desactivar los riesgos que podría hacer pesar sobre "la unidad indisoluble de la Nación española" (artículo 2 de la Constitución) la reparación de las culpas causadas por el franquismo a las "nacionalidades históricas". Mientras tanto, diputados y senadores adoptan un modelo al italiana que diferencia a las Comunidades autónomas según el nivel de competencias que el Estado les delega (título VIII de la Constitución). Por lo tanto, para poner fin a la confusión resultando de estos dos enfoques, y una vez adoptados los Estatutos de autonomía vasca y catalán (octubre de 1979), UCD y PSOE acuerdan la necesidad de racionalizar la construcción del Estado de autonomías. El consenso solo se concreta al verano 1982, después de que los centristas hayan fallado en su tentativa de pegar los socialistas en Andalucía, bastión del PSOE renovado. Incluso cortado por el Tribunal constitucional de sus disposiciones controvertidas, como la superioridad del Estado en el ámbito reglamentario, la ley de "armonización" (LOAPA) sienta las bases de la reorganización administrativa del Estado, las de autonomía y la solidaridad financiera de las Comunidades. Fija, además el calendario que permite acabar en la primavera 1983 la institucionalización de todas las Comunidades autónomas. Por lo tanto, en cada una de entre ellas (se cuentan 17) a los electores se designa, en principio, cada cuatro años, una asamblea de ahí proceden un Presidente y un consejo de Gobierno. La voluntad de superar a las divisiones del pasado se expresa también en la adhesión de la izquierda a la monarquía parlamentaria. El dilema monarquía o República se expiran: se trata en adelante de elegir entre democracia y dictadura. Esta es la razón por la que, es sobre todo, el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado, el garante del buen funcionamiento de las instituciones. La Constitución instaura a un ejecutivo muy por poco que el Presidente del Gobierno dispone de la mayoría absoluta de los diputados: es él, en efecto, que tiene el derecho de disolución y que toma la iniciativa de consultar el pueblo por referéndum
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La voluntad de construir a un Estado de Derecho se concreta en una exposición detallada de los derechos "derechos inviolables de la persona", lo que implica la abolición del dolor de la muerte, incluso para los militares. En el ámbito económico y social, los constituyentes españoles no introducen medidas socializar como lo hicieron los Portugueses: el derecho a la educación se realiza al mismo tiempo que la libertad de la enseñanza, el derecho a la propiedad privada precede el derecho en el trabajo así como el derecho a la negociación y al conflicto colectivo supone el reconocimiento de la libertad de empresa. La cuestión religiosa se regula con destreza. El carácter no confesional del Estado se enuncia bajo la forma negativa (artículo 16,3). No es la laicidad, este lo es poco así que se concluye un mes después del referéndum de los "acuerdos específicos" con el Vaticano; el más importante es el acuerdo económico que prevé la dotación del Estado a la Iglesia española así como de las subvenciones a sus establecimientos de enseñanza (solamente el grupo comunista se negará a ratificar este acuerdo). En 1981, la ley sobre el divorcio del quinto Gobierno Suárez solo pasa gracias a las voces socialistas: es decir el papel determinante del PSOE en la aplicación del consenso. Afectará pronto los dividendos.
B: AMENAZAS SOBRE LA DEMOCRACIA
La transición no se efectúa sin sacudidas. Distintas fuerzas "involucionistas" intentan invertir el curso de la democracia naciente. Unas tienen parte vinculada a un aparato represivo no purificado, los otros resultan de la radicalización política de una parte de juventud en el último tiempo del franquismo. En el recurso a la violencia, apuestan muy sobre una estrategia de la tensión destinada a desestabilizar la situación política cada vez que vencimientos importantes se presentan. Sus acciones se entrecruzan y se alimentan mutuamente hasta el día, el 23 de febrero de 1981, dónde una tentativa de golpe de Estado pone la democracia en peligro. A la larga ésta saldrá endurecida de la prueba, pero el terrorismo del independentistas los vascos del ETA sigue siendo su talón de Aquiles. Dos terrorismos opuestos se manifestaron muy pronto al final de 1976 y a principios de 1977. El de extrema derecha estaba en la naturaleza de las cosas por parte del nostálgicos del franquismo que hacían aún, en público, la apología del nazismo. Algunos se ilustraron cortando en su oficina a cinco abogados vinculados a las Comisiones trabajadoras. Los raptos de importantes personalidades y cometidos los asesinatos de policías, en nombre "de la resistencia antifascista" por un grupúsculo supuestamente maoísta, los GRAPO, podían aparecer como manifestaciones residuales de un reciente pasado. Pero, en julio de 1978, se cruza un paso con el asesinato en Madrid de un general, en el momento en que los diputados acababan el debate del proyecto de Constitución. Este asesinato preparaba a una sangrienta escalada terrorista del ETA y tomó para objetivo a los traslados del Guardia civil al País Vasco y los oficiales superiores del ejército. Con 124 víctimas en total (cinco veces más que en 1975), el año 1980 señala la cumbre de esta escalada. La organización terrorista, que habría tenido entonces 200 a 700 militantes armados, m. a beneficio las faltas y los excesos de la policía, encuentran apoyos en la población vasca, así como toda clase de facilidades más allá de los Pirineos. Da a su acción una traducción política con Herri Batasuna (Unidad Popular), una coalición independentista que, a partir de su creación en 1978, recoge al menos un 15% con las voces en País Vasco a cada consulta electoral.
El 23 de febrero de 1983 el golpe de Estado es un fracaso. Los ultra explotan la emoción natural probada por las familias de las víctimas, en los entierros,: se denigra a Ministros a veces maltratados. Los Gobiernos UCD pagan así el precio de la mansedumbre del que hacen prueba respecto a funcionarios que expresan la desconfianza, si no la hostilidad, del medio a la democracia, como la facultad dejada a la justicia militar de juzgar los autores de conspiraciones: los dolores son generalmente ligeros, cuando no es el pago puro y simple de los inculpados. La mayor debilidad de los centristas fue seguramente no hacer nada para prevenir un golpe de Estado anunciado: desde meses la prensa de extrema derecha, orquestaba una campaña sobre la necesidad "de romperse" con un sistema impotente que debe sentarse la autoridad del Estado. La división de los conjurados sobre los medios de llegar fue una oportunidad para la democracia. El secuestro de los diputados por un traslado de guardias civiles afectó tanto más la opinión que se retransmitió en directo a la televisión; su autor el teniente el coronel Tejero, tenía pensar en primer lugar por reservar esta suerte a los Ministros. De un cualquier otro alcance fue el comportamiento del general Milans del Bosch: controlando del tercer militar, instauró el cubrir- fuego e invierte Valencia de sus acorazados. La intervención de una unidad de élite basada cerca de Madrid, la división Brunete, completaba el dispositivo de los conjurados. Al exigir en la noche del 23 al 24 de febrero de todas las autoridades el mantenimiento "del carácter constitucional", el rey, que tiene la orden suprema de los ejércitos, hizo abortar el putsch. La democracia volvía de nuevo con mucho: ¿un familiar del rey el general Armada, no había pretendido tomar la cabeza de una Junta militar? Tomando conciencia del peligro, un pueblo entero respondía el 27 de febrero a l llamada de los partidos, manifestando en la calle su compromiso en pro de la democracia. El 8 de mayo que seguían toda actividad cesaba durante algunos minutos en el conjunto del país, tras un nuevo atentado del ETA contra un general; era para rechazar en silencio el terrorismo.
Après la dissolution anticipée du Parlement, fin août, une redoutable tache attend les socialistes.
Juzga a los autores del golpe de Estado en la primavera 1982. la más alta jurisdicción militar vuelven un veredicto: pagos o dolores ligeros para la mayoría de los 32 inculpados, dolor máximo de 30 años de reclusión para Milans y Tejero reconocidos culpables de "rebelión militar". Para el director del diario EL alimentan, heraldo de la democracia en los medios de comunicación, este último punto es capital: ¿no ofrece la ocasión histórica de alejar muy nunca "al espectro del poder militar"? Así pues, la transición española se convirtieron en una clase de modelo política, de la cual los resortes, no obstante hacen objetos de debates. ¿¿Quién fue el inspirador? ¿La supuesta Subvención Juan? ¿Ministros más o menos encendido, como Fraga? ¿El futuro rey Juan él mismo Carlos y algunos de sus consejeros? Torcuato Fernandez-Miranda, preceptor del príncipe desde 1960, luego presiden de los Cortes franquistas, pasan en cualquier caso para serlo uno de los primeros 2.o haber teorizado una futura evolución del régimen según la fórmula "de la ley a la ley", es decir, a partir del marco jurídico existente para crear una nueva legalidad. Así habría convencido al futuro soberano que su juramento de fidelidad a las leyes fundamentales, como sucesor de franco en 1969, no comprometía el futuro: "los principios del Movimiento nacional" podían bien declararse "permanentes e inalterables" el artículo 10 de la ley de Sucesión estipulaba, su de numerado, que era posible "derogar o modificar" la totalidad o parte de las leyes fundamentales del reino. El acuerdo de Cortes (y el artículo 15 precisaba que era necesario entonces recoger el voto de los dos tercios del Procuradores) era indispensables, así como el recurso al referéndum... Reserva intelectual, trapacería jurídico, juego de aparato: en cualquier caso, esta astucia sumarial iba a permitir tomar el ala dura del régimen a la trampa de su propia retórica y de oponerlos a que tenía de la continuidad institucional del régimen, el texto de su propia ley para favorecer el cambio: Fernandez-Miranda llegará a hacer acceder a Adolfo Suárez a la cabeza del Gobierno y a adoptar la "ley para la Reforma Política" de 1976 por los Cortes franquistas. Pero el hombre de esta política de riesgo elevado entre 1976 y 1981 fue Adolfo Suárez, apoyado por la Unión del centro democrático (UCD). Ésta habrá sido el partido de la transición por excelencia, no sobreviviendo al proceso cuyo éxito habrá contribuido a garantizar. De hecho, so'lo llega nunca a ser cosa un conglomerado momentáneo de distintas fuerzas, optando por una política central que le permitió ocupar un tiempo la parte fundamental del espectro político. Pero un hecho esencial permanece: contrariamente a lo que había pasado con la Restauración, luego bajo la República, no estuvo nunca cuestión de crear un partido monárquico. El UCD será un instrumento para el Gobierno y en consecuencia para la Corona, aparecerá nunca como la emanación de este último, de modo que el rey no se verá implicado en su política ni comprometido por sus fracasos.
Si se favorece así el pacto entre el se corona y la derecha reformista como elemento fundador de la transición, es que las oposiciones se consideran haber fallado en su estrategia de ruptura democrática. Están bien con todo ellas que, por su actividad y por el compromiso, que estuvo a menudo hasta el sacrificio de sus militantes, llegaron a evitar que la legalidad franquista adquiera una legitimidad. Están bien ellas que imponen la idea del cambio necesario, creando así las condiciones de la reforma. Secularización del Estado, rechazo del modelo centralista, afirmación de las libertades públicas e individuales, en 1978, por primera vez de su historia la izquierda llega, por lo demás, a hacer inscribir algunas de sus grandes ambiciones en un texto constitucional reconocido por todos. En este sentido, Jorge Solé Tura en razón de escribir que una de las características distintivas de la transición es el pacto bien que la Corona pasa con la izquierda, en el cual ésta supera su antimonarquista tradicional a cambio de la aceptación de sus grandes pretensiones por aquélla. Por la negociación o el pacto los Españoles llegaron en cualquier caso a desmontar completamente alrededor a las instituciones del franquismo y a crear un sistema democrático sin precedentes en la historia del país. Su puesta a la prueba vendrá con la alternancia, en 1982.
El referéndum de diciembre de 1978 había cerrado la transición a nivel institucional. Las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982 acaban la transición a nivel político. El PSOE obtiene 10 millones con voz (48,4% de los sufragios expresados) y una cómoda mayoría parlamentaria. El veredicto de los electores fue inequívoco: el UCD destruido (7%),el PCE se hundió (4%). es en adelante a la alianza Popular traducir la oposición a la izquierda reformista: pero solo presenta a un elector sobre cuatro (26,4%) y el pasado de su jefe Fraga constituye una pesada desventaja. El 1 de diciembre, un nuevo equipo bien soldado con autógena en torno al Presidente González, accede al poder: se crean así las condiciones de la estabilidad gubernamental.
Bajo la dirección de González y su brazo derecho, Alfonso Guerra, el PSOE se preparó metódicamente durante la transición al ejercicio del poder. A las primeras elecciones locales, abril de 1979, conquista el principales del país, a comenzar por Madrid y Barcelona. En Andalucía adquiere la mayoría absoluta a las primeras elecciones regionales, mayo de 1982. Mientras tanto, efectúa una profunda revisión ideológica renunciando hacer el marxismo el elemento central de su identidad (septiembre de 1979). Endurece así su unidad después de haber absorbido el PSP de Tierno Galván. A nivel sindical recupera su retraso practicando la política contractual con el patronato, el UGT hace prácticamente juego igual con las Comisiones trabajadoras a las elecciones profesionales de 1980 finalmente, la fuerza del Gobierno González es que es representativo, sociológica y políticamente.
C: LA OTRA TRANSICIÓN
En septiembre de 1984, Juan Carlos aprovecha la ocasión que le ofrece Diario 16 para enviar un mensaje a su pueblo. La transición no consiste en un simple cambio de sistema político. Se trata en adelante "de renovar y de modernizar España", de elevar su nivel de desarrollo en todos los ámbitos. Tal es la "mancha histórica" cuyas generaciones ascendentes deben pagarse para que el país se comprometa en la vía del progreso y se siente todo su en "la comunidad de las naciones". No se podía lograr el sentido de la política del Gobierno socialista, ni mejor darle apoyo más explícito. De hecho, al término de su primera legislatura, los socialistas regularon las dos cuestiones que condicionaban el éxito de la modernización: la entrada en la CEE, la integración en la OTAN.
El 12 de junio de 1985, la adhesión de España y Portugal a la CEE se ratifica solemnemente en Madrid y Lisboa como para mejor para destacar el alcance político. Para lo que lo concierne, España sale así de un aislamiento secular que el franquismo no había llegado a romper. Europa, en efecto, solo le había estado de acuerdo un acuerdo preferencial por sus exportaciones industriales. El restablecimiento de la democracia odre pirineo creaba, en principio una situación favorable a la administración de España: por ello lo oyó el Gobierno Suárez solicitando oficialmente la adhesión (julio de 1977). No obstante, las negociaciones tardaron en abrirse y reflejaron seis próximos años: es que la Europa del Diez enredada en los problemas internos de la financiación comunitaria y la Francia impaciente para el futuro de su agricultura. Además de las presiones de Estados Unidos sobre la comunidad, el papel de RFA es entonces determinante para lograr un compromiso que proporciona los intereses respectivos: la economía española dispondrá de un período transitorio de siete a diez años para insertarse plenamente en el Mercado común. Por lo tanto España democrática puede participar plenamente en los organismos comunitarios: en 1989, preside al primer semestre al Consejo de Ministros del Doce; en julio entra en el Sistema monetario europeo (SME). Es la concretización del proyecto europeo de las fuerzas liberales y democráticas españolas, comunistas incluido. Es el entierro definitivo de la dictadura.
González, a su llegada al poder, se encuentra ante el hecho realizado: Leopoldo Calvo Sotelo, transitorio sucesor de Suárez, obtuvo del Parlamento la adhesión a la OTAN, luego prorrogado el acuerdo bilateral con Estados Unidos de América a cambio de créditos para la modernización del material de las fuerzas armadas. En la oposición, el PSOE considera que la entrada en la OTAN es prematura. Por razones históricas el antiamericanismo se extiende en la opinión española, a la derecha como a la izquierda: manifestaciones tienen lugar en la visita del Presidente Reagan en 1985. Realmente, bajo la influencia de sus padrinos europeos, González toma conciencia que es más aventurado salir de la OTAN que no allí de no entrar. En octubre de 1984 coloca ante el Parlamento, sus condiciones al mantenimiento de España en la OTAN: no integración en su estructura militar, reducción progresiva de las fuerzas americanas y ausencia de armas nucleares en el territorio nacional. El PSOE ratifica esta nueva orientación y una intensa batalla política se compromete llevada por un movimiento pacifista muy distinto. La hostilidad al mantenimiento en la OTAN, mayoritaria al principio, no deja que retroceda, lo que aumenta tanto del número del indecisos. Finalmente, el electorado se revela sensible a los riesgos de aislamiento e inestabilidad que implicaría según el Gobierno un voto negativo: éste hace un 40% al referéndum del 12 de marzo de 1986, el sí: 52,5%. Resultado honorable, sin cuanto más ya que el porcentaje de participación, menos del 60%, es el más bajo de los tres referéndum organizados desde 1976, y el no triunfa en Cataluña de exactitud y en gran medida en País Vasco.
Al resto, el Gobierno socialista no obtiene sin dolor que la relación bilateral con los Estados Unidos en adelante esté fundada en igualdad de condiciones. Es necesario tres años según negociaciones para que se celebre, en diciembre de 1988, un acuerdo de Cooperación por la Defensa entre los dos países, válido por ocho años. Pero la no introducción de armas militares sobre el suelo nacional se encuentra singularmente limitada en los hechos por el compromiso escrito del Gobierno español de no examinar los buques españoles que mojan en sus puertos, ajustándose así a la práctica habitual de los países miembros de la OTAN. En el ámbito de la defensa también, España se incorpora a Europa: ¿es el precio que debe pagarse para neutralizar el poder militar?
II: TRANSFORMACIÓN DEL MODELO POLÍTICO Y DE LA STRUCTURA DE SUS PARTIDOS POLÍTICOS
A: EL MODELO SOCIAL-DEMOCRATA EN CUESTIÓN
En un artículo del estudio Sistema, José Maria Maravall realiza un estudio comparativo de la acción realizada en el ámbito económico y social antes y después de diciembre de 1982. Se dedica a justificar la política conducida por el PSOE bajo la señal de la modernización, reconociendo al mismo tiempo al paso que se trata de un término "ambiguo". Tal elección se justifica por la voluntad de poner España al diapasón de los países industrializados de Europa, de recuperar el retraso en términos de nivel de vida.
Boyer aplica pues, hasta su dimisión en julio de 1985, una política de "ajuste" que está más bien que uno simples planes de estabilización o austeridad: como lo prevé el programa del PSOE, se trata de reactivar la inversión privada y de reestructurar el aparato productivo. El éxito es rápido: 1984, la inflación se reduce a una cifra, lo que disminuye a la mitad el diferencial con la Europa de los Doce.
Sin embargo, los tirones aparecen en la familia socialista. El UGT toma sus distancias: su Secretario General Redondo no piensa que España "esté en la buena vía". Más préoccupante es la situación del empleo. No es sino la agravación de desempleo que alcanza su más elevado nivel en 1987 (21% de la población activa) y que afecta sobre todo a los jóvenes y a las mujeres.
La aproximación de las Comisiones trabajadoras y del UGT, las pretensiones sindicales sobre el poder adquisitivo y la seguridad del empleo da prueba del profundo malestar de una población irritada o cansada de lo que él llama el prepotencia de los socialistas, de la forma en que acaparan el poder a todos los niveles y en que utilizan con fines partidarios. Las elecciones legislativas anticipadas de octubre de 1989 traducen en parte este malestar: la participación es a lo sumo baja (menos de 70%), el PSOE triunfa de exactitud con 8 millones con voz y 175 diputados, este retroceso aprovechando sobre todo a IU, la coalición llevada por los comunistas.
Debilitado por una confrontación permanente con el movimiento sindical, el poder socialista parece haber agotado su calor reformadora: ¿ya no hay desde hace tiempo otra reforma principal, si no está en noviembre de 1995, la promulgación de un nuevo código penal la derecha conoce una nueva legitimidad? Así el tráfico de influencias al cual se suministró uno de sus hermanos, obligaría a Alfonso Guerra a dimitir, en enero de 1991, de la Presidencia del Gobierno. Esta dimisión es pesada de consecuencias ya que causa a una división duradera en el PSOE. Es para estrechar las filas de su partido que González avanza de nuevo las elecciones y toma como segundo de lista, en Madrid, a un juez muy conocido para su integridad y su determinación, Baltasar Garzón: sobre la promesa de un nuevo cambio los electores removilicen en junio de 1993 pero solo dan una corta victoria al PSOE, llevado a cabo por un partido popular centrado por su nuevo líder, José Maria Aznar. Por lo tanto, se obliga a González a encontrarse a un aliado para mantenerse al poder: las formaciones regionalistas, los catalanistas en primero con sus 17 diputados, le conceden su apoyo, pero sin entrar al Gobierno, ni concluir incluso de acuerdo con la legislatura. El apoyo otorgado por Jordi Pujol y sus amigos a los socialistas se mantuvo hasta el otoño 1995. Permitió a los catalanistas influir sobre la política económica y social del Gobierno y hacer avanzar autonomía a nivel financiero. Ha resistido dos años a la cascada de escándalos financieros político revelados inmediatamente después de las legislaturas por una prensa hostil a los socialistas. Estos escándalos cuestionan en adelante a altos funcionarios que ejercen responsabilidades de primer plan. Entretanto, asuntos de carácter político vienen a añadirse a los casos de corrupción.
Los resultados de las legislaturas del 3 de marzo de 1996 sorprendieron la mayoría de los observadores: la victoria anunciada del PP no tuvo la amplitud que le anunciaba los sondeos, se es necesario de mucho, puesto que la formación de José Maria Aznar solo precede el PSOE con 340.000 voces y que permanece a veinte asientos de la mayoría absoluta. El resultado del PSOE es tanto mas más notable cuanto que el tipo de participación se elevó, acercándose los de 1977 y de 1982; con un 37,5% de los sufragios expresados, el PSOE es el partido más que nunca de Felipe González. Del golpe, la izquierda unida de la que el jefe Julio Anguita, soñaba "sobrepasar" a los socialistas limpió, a pesar de una ligera progresión, un fracaso pesado de consecuencias para el futuro de una izquierda alternativa. Bajo la dirección de Aznar, elegido presiden de su partido en 1990, los "populares" con todo no proporcionaron sus esfuerzos para sobrepasar la barra fatídica de los 25% que no llegaban a cruzar el tiempo de la Alianza popular de Manuel Fraga. Con cuadros renovados (Aznar tiene 43 años), que dan a las mujeres un amplio paso, y un discurso tranquilizando, aplican una estrategia de conquista progresiva del poder copiada sobre la que el PSOE siguió durante la transición: dirigen actualmente a más Comunidades autónomas que los socialistas y conquistaron a las elecciones municipales de 1995 de cuarenta de las cincuenta capitales de provincias. Desde las legislaturas de 1993, dónde reducían a cuatro puntos la divergencia que los separaba de los socialistas, los "populares" acosaron sin descanso al Gobierno, llevados a hombros por una parte de los medios de comunicación y del patronato, cortejando al mismo tiempo simultáneamente las organizaciones sindicales. Aznar se encuentra en abril de 1996 en la situación donde se encontraba González en junio de 1993: no puede controlar duraderamente sino con el apoyo de Pujol. Parece no obstante tener menos activos en su juego. La relación de fuerzas en Cataluña le es ampliamente desfavorable: hay a cabeza (39,3%), CIU mantuvo sus puntos de vista (29,6%) que el PP no consiguió empezar (17,9% alrededor el mismo resultado que en 1993). Pujol será más exigente, en particular, por lo que se refiere a la autonomía financiera, que el apoyo otorgado anteriormente al PSOE le hizo perder la mayoría absoluta a nivel regional. Una adhesión demasiado rápida a un Gobierno Aznar correría el riesgo de trastornar a un electorado chocado por el discurso anticatalanistas de algunos dirigentes de las PP la posibilidad de una nueva alternancia en la primavera 1996 depende pues de la capacidad del centro derecho para asociar plenamente, en este final de siglo, las formaciones representativas de las nacionalidades históricas al Gobierno de España.
B: LOS PARTIDOS: UN PLURALISMO LÍMITADO
La Constitución de 1978 va más lejos que la de la Segunda República ya que, por primera vez en la historia política de España, reconoce expresamente la existencia de los partidos políticos y define precisamente sus funciones: "los partidos políticos expresan el pluralismo político, contribuyen a la formación y a la manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política" (art6). Tomando el contrario de una dictadura que se basó, de cabo a rabo, en la negación de los partidos, los constituyentes establecían él no puede claramente ya los fundamentos de la democracia.
Pero si el sistema de partidos relativamente se estabilizó en la España del después franquismo, eso estuvo al precio de una evolución que se caracteriza por la profesionalización de la política, a costa de la participación de los ciudadanos en la vida política. Puede ser los Españoles llegaron "demasiado tarde" a la democracia, como lo piensa uno los redactores de la Constitución, el ex comunista que se ha convertido en socialista, Jordi Solé Tura (EL alimenta, 15 de enero de 1987); y es necesario seguramente, para incluir esta evolución, comunicar la cultura autoritaria del franquismo, que favoreció el culto del jefe, y de las dificultades de todas clases, políticas, económicas, interiores y exteriores, que pesaron sobre la transición e influyeron sobre la burocratización partidos. Todavía es que el grado de compromiso de los Españoles en política es el más escaso de Europa Occidental puesto que según las cifras proporcionadas por los partidos, el número total de miembros no es de aún el millón. En una situación donde gran lo que está en juego se encuentra esfumado, la fuerza de los partidos es directamente proporcional entre sus cargos electos, nacionales, regionales y locales. La comparación entre el UCD (reunión del centro democrático) de febrero de 1981 y el POE de diciembre de 1984 es, a este respecto, elocuente puesto que ella sobre un personal idéntico de 150000 miembros: la proporción de los que ejercen responsabilidades públicas era del 25% en el partido de Adolfo Suarez, representaba al tercero en el partido de Felipe González. Es decir que el principal factor de refuerzo de formaciones políticas en España de hoy es el ejercicio del poder, cuyo PSOE fue mucho tiempo el más grande beneficiario: de diciembre de 1984 a noviembre de 1990, pasó de 150000 a 260000 miembros, calcula sobrepasado en 1992 por su competidor principal el PP, que declara a finales de 1995 una mitad millón de miembros. Finalmente si los partidos políticos apenas atraen a los ciudadanos, es que su método de funcionamiento dista mucho de ser tan democrático que lo recomienda la Constitución. Y si los electores eligen líderes más que de los programas, no está seguro que este comportamiento favorece la relación del poder del personal político por la promoción de nuevos dirigentes. De allí procede el papel de contrapeso que, en un sistema fijo, pretenden desempeñar los sindicatos y los medios de comunicación.
Siete elecciones legislativas, cinco elecciones locales, de cuatro a cinco elecciones regionales según los casos, tres elecciones europeas: nunca, en la breve historia de la democracia española, el pueblo no había tenido tantas ocasiones de elegir a sus representantes. Bastante a menudo acercada, a veces confundidas (la mayoría de las Comunidades autónomas designan el mismo día elegidos locales y elegidos regionales), estas distintas consultas no fueron no obstante factor de inestabilidad. Permitieron, al contrario, clarificar progresivamente el panorama político, establecer un sistema de partidos relativamente estable. El caso español presenta con todo otra originalidad que la rapidez con la cual el electorado se situó con relación a algunas grandes formaciones nacionales. La nueva organización territorial de los poderes, en efecto, a favorecer la constitución de subsistemas regionales que tienden a desarrollarse más allá de Cataluña y el País Vasco, las "dos nacionalidades históricas" dónde aparecieron a principios del siglo de las nacionalidades históricas.
La estructuración del sistema de partidos se y hecho en tres tiempos. Inmediatamente las elecciones legislativas de junio de 1977 ponen fin a la incertidumbre vinculada a la proliferación de las siglas de organización aparecidas en los meses que preceden y según la muerte franco, luego de legalmente registradas en abril 1977. estas siglas eran tanto numerosas que la esfera política se asimiló rápidamente a el "sopa de siglas" o también en un registro más serio, un laberinto. Aunque eso no figurara explícitamente en la ley sobre la Reforma política, lo que está en juego de la consulta quedaba claro: se trataba efectivamente de elegir a una Asamblea Constituyente. La respuesta del electorado es inequívoca. Indica un total desaprobación a los extremos, a los de esxtrema izquierda como al franquistas, y niega contempla lo mismo sus activismos que sus programas. El electorado margina también la derecha autoritaria, demasiado vinculada a la dictadura, así como el Partido comunista, definido erróneamente o a razón, a los episodios más dramáticos de la guerra civil. Se produce una bipolarización en el centro en torno a las dos formaciones, el UCD y el PSOE, que reúne junto cerca de los dos tercios sufragios expresados. Estas formaciones personalizaron lo que está en juego de la consulta sobre la imagen de líderes jóvenes, sin lazos con un pasado doloroso, hablando uno y otro la lengua que corresponde a la espera de la opinión, el de la moderación y la modernidad. Después de la promulgación de la Constitución, las legislaturas de marzo de 1977 traducen una notable continuidad, a eso cerca que 9 formaciones regionales obtienen uno o más sedes de diputados: la audiencia del regionalismo conservador se extiende de Cataluña y el País Vasco en Aragón y al Navarra, mientras que en Andalucía una nueva formación, el partido socialista andaluz, PSA, capitaliza su campaña pro autonomista (325000 voces).
Segundo tiempo: la institucionalización de autonomía en las 3 "nacionalidades históricas" y en Andalucía empieza, en estas regiones, una recomposición de la esfera política que resultará duradera. Dos grandes conjuntos se retiran de estas primeras elecciones regionales. Las de marzo de 1980 en País Vasco y Cataluña registran un retroceso pronunciado de las formaciones nacionales que afecta tanto la izquierda que el centro y la derecha: así el PSOE pierde en País Vasco la mitad de los sufragios obtenidos en 1977. Son las formaciones regionalistas moderados que triunfan por relativa mayoría y se encuentran así en condiciones de constituir "consejos" de Gobiernos homogéneos. Hay, no obstante, diferencias apreciables entre las 2 nacionalidades históricas: con un 38% con las voces, el PNV (partido nacionalista vasco) afirma su preponderancia en un bloque nacionalista que ya representa cerca de los dos tercios sufragios expresados; en cambio, CIU (reunión y unión) la coalición de centro derecho llevada por Pujol, tiene una audiencia más limitada (27,6% con las voces) y se ve obligada negociar el apoyo de la formación representativa de la pequeña burguesía nacionalista de la preguerra, lo Esquerra Republicana. A las dos extremidades del país, en Galicia y Andalucía, la aspiración a autonomía se traduce diferentemente, por razones que tienen a la historia, y las elecciones son más tardías: . octubre de 1981 en Galicia, mayo de 1982 en Andalucía. En las dos regiones, el electorado se pronuncia, sobre todo, contra el partido en el poder, el UCD, que pierde de 50 al 70% de los sufragios obtenidos en 1977 y que paga así sus retrasos en la construcción del Estado de autonomías. Los beneficiarios de este voto sanción son, en Galicia, el AP (Alianza Popular), que pasa del tercero a la primera posición precediendo poco del UCD, y, en Andalucía, el PSOE que adquiere arriba la mano la mayoría absoluta de los sufragios expresados (52%). Se ve bien, a posteriori, que estas dos consultas regionales prefiguran las legislaturas de octubre de 1982.
Estas elecciones constituyen la etapa decisiva en la estructuración del sistema de partidos y el éxito del PSOE es tanto mas más probatorio cuanto que la movilización de los electores es tan fuerte que en 1977, contradiciendo el diagnóstico sobre el "desencanto" de la opinión frente a la democracia. La bipolarización se confirma, pero el eje se desplazó hacia la derecha con el laminado del UCD y el descubrimiento espectacular del AP. España parece entonces transportarse hacia un bipartidismo cojo habida cuenta del nuevo informe de las fuerzas parlamentarias: un número de formaciones reduce a 10, ampliamente dominado por dos partidos: PSOE y AP; una neta preponderancia del PNV y CIU dentro las 5 formaciones regionalistas aún representados al Parlamento (20 diputados sobre 24). Las consultas siguientes, junio de 1986 y octubre de 1989, señalan, se lo vio, una determinada continuidad, una relativa estabilización del electorado por lo que se refiere a partido mayoritario y principal formación de oposición. La divergencia que los separa se reduce en término de aritmético parlamentario, lo que refleja en un sentido atenuación de las separaciones ideológicas entre una izquierda gestora y una derecha europeizada. Pero estas dos elecciones legislativas confirman, por otra parte, la tendencia aparecida en 1979 a la fragmentación del centro derecho en pequeñas formaciones regionales; eclipsada en 1982, esta tendencia se manifiesta de nuevo al favor de las consultas regionales que subrayan la vida política entretanto de las consultas nacionales; y éstas, a cambio, terminan por registrar las proyecciones del regionalismo en Valencia, Aragón, Canarias, en Andalucía, o incluso en Galicia. Todo pasa, básicamente, como si las recientes Comunidades autónomas reproducían a más pequeña escala la evolución de los comportamientos electorales consustancial a Cataluña donde los resultados nacionales de CIU se acercan cada vez más de sus resultados regionales.
Al obtener 18 asientos de diputados en 1986 y 1989, lo que representa 6 más que en 1982, CIU se encuentra, finalmente, en posición de desempeñar a nivel nacional el papel de "partido bisagra" al cual aspiraba Adolfo Suárez creando el CDS (centro demócrata y social). Las elecciones de 1993 y de 1996 no modificaron sustancialmente la esfera política, NI tiene traducción parlamentaria. No obstante, ningún de los dos partidos de Gobierno, PSOE y PP, no tiene ya la mayoría absoluta: es allí el nuevo elemento que hace, más que nunca, la coalición llevada por Pujol el árbitro de la situación, a pesar del desmoronamiento de sus posiciones (ya no tiene más que 16 diputados).
C: LAS FORMACIONES NACIONALES Y LOS BLOQUES REGIONNALISTAS
Si el significado general de la opción central es distinguirse de una derecha y de una izquierda claramente especificado a nivel ideológico, esta elección reviste en España un sentido particular debido misma de particularidades de la historia política del país. En efecto, los conceptos de derecha y hay más recientemente que en Francia y con connotaciones diferentes. Excepto la democracia-cristiano catalana, los partidos de derecha unidos bajo la etiqueta de las "derechas autónomas" suscriben el levantamiento militar, luego al régimen del general Franco. Y aunque de personalidad de convicción monarquista toman a continuación su distancia, la derecha se compromete demasiado con la dictadura para indicarse como tal cuando se plantea la cuestión del cambio de régimen. Además, la retirada de la Iglesia no permite ya a la derecha albergarse detrás el abrigo de la religión y hace estallar la democracia cristiana en una multiplicidad de corrientes. En esta nueva situación, dos hombres políticos se dedican, a partir de noviembre de 1976, a reunir a los artesanos de una democratización gradual: se trata de CIM Cabanillas y José M. de Areilza, ambos representativos de los que la izquierda antifranquista llama en la época la "derecha civilizada" puesto que Cabanillas se había dislocado en octubre de 1974 de su puesto de Ministro de Información para sus proyectos de apertura cultural y que Areilza fue el, primero y transitorio, Ministro de Asuntos Exteriores de Rey Juan Carlos cuyos había garantizado a sus numerosos interlocutores extranjeros la firmeza de las convicciones democráticas. Sus esfuerzos consiguen, en enero de 1977, la constitución del Centro democrático, CD, una reunión de ocho formaciones que va el socialdemócrata, Francisco Fernández Ordóñez al democristiano y Ministro de Asuntos Exteriores de Suárez, Marcelino Oreja. A finales de abril, con objeto de elecciones inminentes, el CD se inscribe formalmente como coalición electoral. El Presidente Suárez, que hasta se había tenido allí fuera de la operación, se allí adjuntado algunos días más tarde como responsable de independientes asociados a la coalición: el CD da paso al UCD, una unión agrupando en adelante 15 formaciones cuyo tercero está constituido por pequeños partidos regionales. En su programa hecho público a mediados de mayo, el UCD afirma que el Parlamento deberá tener un carácter constitutivo y se afirma como el mejor apoyo de la política efectuada por el Presidente Suárez con el fin de construir una "democracia estable".
El éxito adquirido por el UCD en junio de 1977 consolida la posición personal de Suárez en la coalición cuya campaña dirigió: los 57 diputados "independientes" representan más del tercio del grupo parlamentario; las 108 sedes restantes de diputados se distribuyen de manera muy desigual: el componente demócrata- cristiano ya resulta como más importante si se añaden a los 17 diputados elegidos bajo esta etiqueta las 32 sedes adquiridas por la formación de CIM Cabanillas. Por otra parte, 44 cargos electos UCD sentaron en los Cortes franquistas, más de la mitad durante varias legislaturas. Es este conglomerado heterogéneo que Suárez va a intentar unificar en un partido coherente: pero el UCD se volverá nunca el partido del Presidente. Sin embargo, el UCD solo conocerá una breve existencia. En noviembre de 1981, los diputados socialdemócratas dejan el partido, Fernández Ordóñez tiene su cabeza. El jefe del Gobierno, Calvo Sotelo, se apodera de la Presidencia del UCD, mientras que un democristiano se convierte en Secretario General. A finales de julio, Suárez, que no pudo reanudar la Presidencia del partido crea el Centro democrático y Social, CDS.
El fracaso del partido de la transición tiene por consecuencia inmediata una redistribución de sus componentes escisioncitas y antagónicos sobre el tablero político.
De la alianza popular, de Manuel Fraga a José M. Aznar: la marcha efectuada por la derecha, del inmediato después franquismo a nuestros días, tiene en estos cambios de nombres y dirigentes. En otros términos, la derecha suscribió a su vez la concepción de un partido unitario, a la cabeza del cual colocó a un nuevo hombre. Al resto la continuidad con el reciente período del pasado, es decir, el franquismo, se afirma claramente en el primer manifiesto de AP que desafía tan las "intenciones revanchistas", los que se asignan a la izquierda antifranquista. es necesario decir que, en octubre de 1976, el AP solo es la causa nada de otro un cartel de antiguos Ministros de Franco.
Es el desgaste al poder del UCD que vuelve a poner progresivamente en silleta el AP; mientras tanto se eliminó a los políticos franquistas el que comprometían más de la dirección. Consolidado por su estatuto oficioso de líder de la oposición parlamentaria al Gobierno socialista, Fraga, espera bien ampliar quien considera como la "mayoría natural" del electorado reuniendo bajo su cayado todas las fuerzas políticas no socialistas (con exclusión de la extrema izquierda). Por eso reduce en su programa sobresaltar todo lo que podría la opinión liberal, como, por ejemplo, el restablecimiento del dolor de la muerte o la revisión de la legislación sobre el divorcio. No obstante, la audiencia del AP no progresa a las legislaturas de 1986 y sus resultados se juzgan "claramente insatisfactorio"
La evolución del PCE desde su vuelta a la legalidad en 1977, se caracteriza por un desfase persistente entre los finales y los medios.
Si la divergencia entre el proyecto de transformación social y el instrumento destinado a ponerlo si la divergencia entre el proyecto de transformación social y el instrumento destinado a aplicarlo está en el centro de la crisis que, desde 1980, sacude el comunismo español, no es la causa exclusiva.
La línea política inspirada por Santiago Carillo, hasta su dimisión de Secretario General en noviembre de 1982, contribuyó a exacerbar las tensiones en un partido que acababa de salir de una larga clandestinidad. El juega es que Carillo juega con profundidad la tarjeta de la ruptura negociada y que está a favor de muchas en la celebración de los acuerdos de Moncloa.
Sin embargo, la mayoría de los cuadros e intelectuales que tenían se adhiere en gran número en los años setenta se van. Las posiciones electorales del PCE se hunden a las legislaturas como a las elecciones regionales.
Del numerado de los bloques regionalistas, la hegemonía ideológica del nacionalismo en la población vasca sigue siendo una réacción política. El 15 de febrero de 1990, los patriotas declaran que el derecho a la autodeterminación del pueblo vasca tiene por objetivo la "construcción nacional" de su partido: Euskadi . Desde 1980, esta estrategia pragmática de profundización de autonomía tiene por principal mano de obra la formación matriz del nacionalismo vasco, el PNV. Apenas instalado en el Gobierno de la región este partido motriz obtiene en enero de 1981, el restablecimiento de un fiscal que garantiza baques a amplia autonomía financiera. Sin embargo el socialismo se divide progresivamente en su estructura propia, división debida principalmente a la causa de la aproximación con el nacionalismo radical.
Del numerado de Cataluña, el hecho nacional es menos particularista, más homogéneo que al País Vasco ya que, basándose en realidades históricas antiguas. Reconocido e institucionalizado antes de 1936, el catalanista diferenciado políticamente el corriendo a conservador la novedad de la situación presente reside en la preponderancia de un nacionalismo modera fundado sobre el UD de la preguerra y de Convergencia democrática de Cataluña, la formación crea en 1974 por Pujol: desde 1979 presentan listas comunes a las elecciones bajo la etiqueta de Convergencia I Unió, CIU. El PSC que solo es otra la organización regional del PSOE que constituye la principal fuerza de oposición. Junto, la coalición mayoritaria y la oposición socialista recogen desde 1984 los tres cuartos de los sufragios expresados: hay pues como en el resto del país, bipolarización en el centro, pero en un informe opuesto de el que existe a nivel nacional entre el PSOE y el PP.
CONCLUSIÓN
¿Por último, se puede hablar de una cultura de la democracia? Es cierto que durante mucho tiempo España vivió una ilusión. La muerte de franco debía hacer aparecer en el gran día a los jefes de obra prohibidos supuestos en los cajones de los creadores; pero estos cajones eran vacíos él eran necesario reconsiderarlo todo. Diez años después de la muerte de franco, cuando la hora de los primeros balances pareció llegada, numerosas interrogaciones se hicieron día a este respecto. La crítica de José- Carlos Mainer indicaba que según él el franquismo había correspondido ampliamente a las aspiraciones de estas "capas medias españolas que dictaron al dictador todos sus prejuicios, sus fanatismos y sus temores" y; a partir de otras premisas, el sociólogo El Salvador Giner llegaba a conclusiones vecinas: "la ideología del régimen franquista respondía a los ansiedades, a los preocupaciones, a las creencias y a los viejos hábitos de una gran parte de la sociedad" ambos querían así dar a entender que era inútil analizar el sistema franquista como un sistema impuesto por la única violencia a una sociedad española a la cual habría sido como extranjero. Al contrario, al hacer hincapié en los fundamentos sociales y sobre todo culturales que el régimen de franco había encontrado en las capas medias españoles, invitaban a reflexionar sobre la importancia aspiraciones de estos mismos grupos que probaban la necesidad, en los años setenta, de ponerse a la hora europea y pretendían asumir esta modernidad que antes así vivamente habían combatido.
Estas ideas sobre la transición de un régimen dictatorial a la democracia vuelven parcialmente cuenta de aspectos esenciales de la cultura española contemporánea, sus extraños arcaísmos y su preocupación de la eficacia, su continuación desenfrenada de la modernidad.
Durante el franquismo, oponerlo todo parecía desde el punto de vista de la historia política, la larga dictadura franquista y la joven democracia actual. Durante cerca de cuarenta años, España sufre un régimen de poder personal que, establecido habló fuerza de las armas, se quería y seguía siendo inmutable. Desde el final de los años 70, los Españoles hacen el aprendizaje de un régimen parlamentario homologa, en sus principios y en sus mecanismos, a el que existe desde larga fecha en sus vecinos europeos. Sin embargo, España de hoy dista mucho de ser la "negación" de lo que pretendió construir el general Franco. En efecto el paso de un primer régimen se realizó poco a poco durante un proceso que, comenzado con la desaparición física del dictador, se prolongó más allá de la institucionalización de la monarquía parlamentaria.
